INVESTIGACIÓN

Magistrado de Neiva salió limpio por escándalo de concejales presos

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia archivó una indagación preliminar contra el magistrado Jorge Alirio Cortes por supuesto tráfico de influencia en el trámite de dos acciones de nulidad por la irregular elección del Contralor y la Personera de Neiva.
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Magistrado de Neiva salió limpio por escándalo de concejales presos
El nombre del magistrado fue mencionado por el empresario René Cantillo, según las interceptaciones telefónicas realizadas por la Fiscalía.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia despejó de una vez por todas las dudas que surgieron sobre un supuesto tráfico de influencias en el poder judicial para ‘tumbar’ las cuestionadas elecciones del ex contralor José Hildebrand Perdomo y de la ex personera de Neiva, Heidy Lorena Sánchez.

El organismo judicial ordenó el archivo de la indagación preliminar iniciada contra el magistrado Jorge Alirio Cortés Soto, mencionado por el empresario cafetero René Cantillo, quien habría sobornado a los concejales para facilitar la elección de los dos funcionarios de control.

El nombre del magistrado Cortés Soto apareció en varias de las 33.000 llamadas legalmente interceptadas por la Fiscalía en desarrollo de las investigaciones por la escandalosa elección de Contralor y Personera de Neiva.

En por lo menos dos de esas llamadas telefónicas su nombre salió a relucir durante las audiencias concentradas en contra de los 15 detenidos, entre ellos diez concejales.

Por ese episodio, la Fiscalía Seccional de Administración Pública compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigara un supuesto tráfico de influencias, develadas las grabaciones telefónicas. La petición fue hecha el 17 de septiembre de 2018.

“Esa diligencia preliminar fue en contra mía, nadie más, y se logró demostrar que no tuve ninguna intervención en los procesos que se adelantaron ni participé en actos deshonestos o de corrupción que intentaron poner en cabeza mía y en cabeza del Tribunal Administrativo del Huila”, aseguró el magistrado.

De hecho, el fiscal delegado Jaime Camacho Flórez no probó la ocurrencia de un supuesto tráfico de influencias.

“Analizado el informe de policía judicial y los anexos documentales, resultado de las pesquisas de Policía Judicial, se puede concluir que la presunta conducta penal atribuida al magistrado Cortés Soto, no existió”, apuntó el fiscal instructor.

“Su nombre salió a relucir por comentarios de una persona identificada como René Cantillo que a todas luces denota gran habilidad para deslumbrar a sus escuchas, tratando de convencerlos de que él era conocido y podía influir en el funcionario que tendría que decidir los procesos de nulidad electoral que estaban pendientes de ser resueltos, relacionados con las elecciones de Contralor y Personera de Neiva”, refrendó  Camacho Flórez.

“Nada más-dijo-.Ninguna relación con las conductas que realmente asumió el magistrado.

Cortés Soto quien conformó la Sala de Decisión, en el estudio de las dos demandas de nulidad, defendió los alcances de los dos fallos y negó cualquier participación en los hechos que originaron la detención de los concejales y de los servidores públicos comprometidos en las anomalías.

De plano, desmintió cualquier vínculo o parentesco con el empresario René Cantillo, quien aseguraba que era padrino de bautizo del magistrado, como apareció en las interceptaciones telefónicas.

“En este caso no hubo ninguna injerencia externa ni el señor René Cantillo, ni de ningún concejal ni de ninguna otra persona”, argumentó Cortés ante los dos investigadores que realizaron a finales del año pasado las diligencias.

El fiscal Delegado dispuso el archivo de la indagación “Ya que en este caso se demostró que el funcionario investigado ni ejerció presión indebida alguna en las decisiones tomadas, ni aquellas en las que participó salieron a favor de personera o contralor”.

El magistrado Jorge Alirio Cortes, exonerado de un supuesto tráfico de influencias.

Las demandas

El Tribunal Administrativo del Huila estudió las dos demandas que le correspondieron por reparto al magistrado Enrique Dussán Cabrera, quien tuvo la dirección.

El magistrado Cortés Soto hacía parte de la Sala Tercera de decisión, donde se tramitaron las dos acciones de nulidad electoral.

La primera fue instaurada contra el ex contralor por varios de los concursantes entre ellos Roberto Carranza Rada, Hugo Alberto Llanos Pabón y María Cecilia Ocampo Chávez. Alegaron que el funcionario estaba inhabilitado ya que se desempeñaba como jefe jurídico de la Usco hasta el 8 de enero cuando asumió el nuevo cargo.

La segunda fue presentada el 9 de marzo de 2016 por Elsa Magdiely García Motta, argumentando una indebida calificación de la hoja de vida por parte de la Universidad Surcolombiana, encargada de adelantar el proceso.

“Esos procesos no me correspondieron, no los conocí como magistrado ponente. Llegaron por reparto al despacho del magistrado Enrique Dussán Cabrera. Él fue quien elaboró las ponencias iniciales en las que participé activamente en la discusión de las razones jurídicas por las cuales se negaron las pretensiones en el caso del contralor. Previamente le habíamos decretado la suspensión provisional de su elección, medida cautelar que luego el Consejo de Estado revocó”, recordó Cortés Soto.

En efecto, como lo comprobaron los investigadores, el 9 de febrero de 2017, el Consejo de Estado revocó la sentencia  de primera instancia que dejaba sin piso jurídico la nulidad de la elección de la Personera, decretada el 22 de septiembre de 2016.

La revocatoria la sustentó nada menos que la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, actual presidenta del Consejo de Estado.

El alto tribunal estimó que el Concejo de Neiva tenía la competencia para fijar directamente las reglas del concurso público y su mesa directiva para hacer la convocatoria.

Los argumentos

El magistrado Enrique Dussán Cabrera, quien sustanció el proceso verbal, confirmó irregularidades en la valoración de la hoja de vida. En su criterio, el Concejo violó una norma superior.

Sin embargo, la tesis se cayó hace dos años el 9 de febrero de 2017, en el Consejo de Estado.

Sánchez Castillo de 29 años fue designada el 8 de enero de 2016 por el Concejo de Neiva, en medio de una dura polémica al haber obtenido el primer lugar en un concurso de méritos en el que participaron 47 candidatos.

Asumió el cargo el 11 de enero en medio de serios cuestionamientos que terminaron con la demanda anulada en segunda instancia.

Sin embargo, después se demostró que la calificación fue manipulada para favorecer a la funcionaria, quien reconoció, según los audios, que los puntajes asignados “no aplican”.

No obstante, ocupó el primer lugar. El segundo puesto lo ocupó Oscar Huber Zúñiga con 66,7 puntos, quien la sucedió tras la renuncia forzada por la orden de captura.

El tercer puesto lo obtuvo Breidy Fernando Castro con 66,6 puntos y el cuarto, Neyda Silva Ortiz.

José Hildebrand Perdomo, ex contralor

El contralor

En el caso del contralor, la demanda no prosperó, porque la inhabilidad en ese caso no se configuraba. Las irregularidades que actualmente investiga la Fiscalía no fueron parte del debate jurídico de nulidad electoral.

“Si bien este cargo fue ejercido por el demandado en el Municipio de Neiva, sede principal del ente universitario autónomo del orden nacional, esto no modifica la naturaleza del cargo ni quebranta los principios de transparencia y moralidad de la elección”, reiteró Dussán Cabrera al explicar el fallo.

En su criterio, al ser una elección popular no podía existir  una influencia sobre el electorado, y por lo tanto no se evidenció que dicho cargo en la Universidad Surcolombiana le haya creado un beneficio o ventaja al elegido Contralor Municipal de Neiva sobre los demás participantes del proceso de elección”, precisó Dussán Cabrera.

“Con esos elementos de juicio se llegó a la conclusión que en el caso del Contralor no se configuraba la inhabilidad invocada en la demanda para atacar su elección”, recalcó Cortés Soto.

“Además –dijo- en esas demandas no se mencionaron ni fueron objeto del debate jurídico las artimañas develadas para manipular la elección del Contralor y de la Personera”.

La Fiscalía delegada ante la Corte respaldó esa tesis.

“La conducta típica no existió, por el contrario, el proceder del magistrado se encuadra dentro de los parámetros constitucionales y legales. En otras palabras, no existe entonces conducta penalmente típica atribuible al funcionario Jorge Alirio Cortés”, puntualizó la Fiscalía Delegada ante la Corte.

‘René Cantillo es un mitómano’

“La Fiscalía entendió luego de una rigurosa investigación que las aseveraciones hechas por el señor René Cantilla, según las grabaciones obtenidas legalmente, resultaron falsas”, precisó el magistrado Jorge Alirio Cortés Soto.

“Los dos investigadores verificaron sobre los expedientes que yo no tenía la dirección de los procesos. Las decisiones fueron proferidas con arreglo a las leyes, con el análisis de las pruebas y proyectas por el magistrado Dussán Cabrera, quien tenía a cargo las ponencias”, recalcó.

“Los fallos se tomaron en debida forma, según las normas vigentes y de acuerdo con las pruebas que obraban en el expediente, eso ratifica que las decisiones no tuvieron ninguna injerencia externa”, insistió.

El funcionario judicial admitió que conoce a René Cantillo desde hace varios años, ya que vivía en el mismo condominio pero desvirtuó alguna cercanía personal, o algún parentesco.

“Me parece que el señor René Cantillo tiene algo de mitómano, se inventa contactos, se cree influyente o poderes que no tiene, como en mi caso”, subrayó.

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