INVESTIGACIÓN

Alcalde de Pitalito podría quedar hoy con casa por cárcel

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva decidirás si mantiene o revoca la medida de aseguramiento proferida contra el mandatario laboyano Miguel Antonio Rico Rincón como supuesto determinador del crimen del abogado Luis Gerardo Ochoa.
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Alcalde de Pitalito podría quedar hoy con casa por cárcel
El alcalde de Pitalito, capturado el 28 de julio de 2018 en Bogotá.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

El alcalde de Pitalito, Miguel Antonio Rico Rincón, capturado hace seis meses, podría quedar hoy con detención domiciliaria, como probable determinador del homicidio del abogado Luis Gerardo Ochoa Sánchez, ocurrido el 6 de abril de 2017.

El mandatario laboyano, detenido el sábado 28 de julio de 2018 mientras asistía a un evento social en Bogotá, fue vinculado a la investigación con otras diez personas, entre ellas Mauricio Parra Rodríguez, condenado y procesado por narcotráfico y lavado de activos. También el pastor Edgar Núñez, igualmente condenado en el pasado, su socio Luis Mario Colorado y el abogado César Sierra Avellaneda, gerente de la constructora Soginco, encargada de construir la ciudadela ‘La Voz de Dios’.

Según la Fiscalía, el pastor Núñez Guzmán, y su socio Luis Mario Colorado, fueron determinadores del crimen del abogado. En ese mismo orden, vinculó al alcalde de Pitalito, Miguel Rico Rincón, supuesto socio del proyecto.

Colorado fue el encargado de conseguir a los gatilleros para perpetrar el crimen: Estiwuar Sterling Santacruz, Campo Elías Salas Murcia, Mauricio Murcia Orjuela y Héctor Alexis Flórez fueron capturados. Después fue capturado Yeferson Polo. El comerciante Mauricio Ortiz Parra, también capturado, recibió el dinero aportado por Parra Rodríguez y habría aportado las armas.

Eduardo Villanueva Murcia, (alias ‘Boleta’), confesó su participación y fue condenado en sentencia anticipada en virtud de un preacuerdo con la Fiscalía refrendado el 23 de noviembre de 2017.

Luis Gerardo Ochoa, abogado asesinado.

La imputación

Después de tres días de audiencia, la juez municipal de Tello con funciones de control de garantías le impuso medida de aseguramiento con detención domiciliaria. La medida no se hizo efectiva en razón a la apelación que presentó su apoderado.

Según la Ley136de 1994, en el caso de los alcaldes en ejercicio, solo procederá su detención, cuando la medida esté “debidamente ejecutoriada”. Es decir, solamente cuando se resuelva la apelación, como ocurrirá este lunes, se podrá hacer efectiva la medida de aseguramiento, si se llegare a confirmar la decisión de primera instancia.

La decisión la tomará hoy el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva luego de analizar la argumentación de su apoderado y los soportes de la Fiscalía.

En este caso, de confirmarse la medida de aseguramiento con detención domiciliaria, el funcionario tendrá que ser suspendido inmediatamente del ejercicio del cargo y en su reemplazo, el gobernador tendrá que nombrar un alcalde interino que lo reemplace.

En el evento de ser revocada la medida de aseguramiento, el mandatario imputado, podrá seguir ejerciendo el cargo, pero continuará vinculado al proceso penal por los delitos de homicidio agravado, tráfico y porte de armas que le imputó la Fiscalía.

Demostrar la participación de Rico Rincón  en el crimen del ex personero Ochoa, será una dura labor de la Fiscalía.  Por ahora, la fiscal 28 seccional Martha Libia Lizcano le imputó cargos como coautor de homicidio agravado a título de determinador, en concurso con el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Rico Rincón, no aceptó los cargos y aseguró que “se trata de una persecución política”.

Sin embargo, los 7.000 documentos y las versiones de 600 testigos, presentados por la Fiscalía, demuestran no solo la gravedad de los hechos, sino la complejidad del proceso.

El alcalde Miguel Antonio Rico con Mauricio Parra, detenido por narcotráfico y lavado de activos. FOTO LA NACIÓN.

Los nexos

Según los documentos, Mauricio Parra y el alcalde Miguel Antonio Rico Rincón se conocieron en el 2015, antes de su elección, quien lo invitó a invertir en Pitalito. El mandatario laboyano, de acuerdo con la Fiscalía, le propuso el proyecto ‘La Voz de Dios’ y lo llevó a Pitalito. Parra Rodríguez aparece  con políticos, gobernadores, senadores, concejales y líderes del Huila.

En varias oportunidades Parra Rodríguez le entregaba en efectivo grandes sumas de dinero al alcalde Rico Rincón. El mismo Rico Rincón, le sugirió a Parra Rodríguez, una reunión con los concejales de Pitalito “Porque ellos merecían un apartamento en la ciudadela porque le habían colaborado mucho”

“Del análisis de tosas las entrevistas, declaraciones juradas, interrogatorios, interceptaciones de comunicaciones, extracciones forenses y análisis de evidencias se logró establecer que el motivo por el cual se determinó, planeó y ejecutó el homicidio de Luis Gerardo Ochoa, obedeció a las investigaciones que venía adelantando contra los promotores del proyecto”, explicó la fiscal Liscano Quevedo.

‘Va para el hueco’

Cuando el abogado Ochoa empezó a indagar sobre la denuncia, Rico Rincón se puso furioso. Según los testimonios revelados por la Fiscalía, el mandatario repetía: “Por qué mejor no se muere y por qué no le dan plata para que se quede quieto”.

Parra Rodríguez fue enterado de las denuncias que hacía Ochoa Sánchez. “Va para el hueco”, afirmó.

La expresión está en una de las interceptaciones telefónicas en poder de la Fiscalía que soportaron las órdenes de captura contra los autores materiales e intelectuales del homicidio. En la contabilidad del proyecto figuraban 17 cupos con un código especial que correspondía a Miguel  Antonio Rico, a su esposa, hijos y familiares cercanos. También tenía el mandatario el dominio para el montaje de un centro comercial en el mismo conjunto.

El principio de oportunidad se esfumó.

En suspenso

A pesar de las numerosas evidencias anunciadas por la Fiscalía, las pruebas reinas para esclarecer el crimen de Ochoa, quedaron en el aire. El principio de oportunidad que se venía tramitando desde el 2017 con el abogado César Sierra Avellaneda,  uno de los testigos claves, se desvaneció por inconvenientes encontrados en el trámite de este beneficio.

Sierra Avellaneda, gerente de la constructora Soginco, contratado para ejecutar el proyecto urbanístico, declaró en este proceso, motivado por un eventual acuerdo de colaboración con la Fiscalía que se frustró definitivamente.

Según la abogada Adriana María Sánchez el principio de oportunidad nunca se concretó. Aunque se realizaron los acercamientos no fue posible. “Las negociaciones no dieron ningún resultado. El principio de oportunidad se esfumó y la audiencia de acusación se realizó el 12 de octubre del año pasado.

“En estaciones condiciones,  la Fiscalía no podrá utilizar el material probatorio ni los interrogatorios que aportamos”, insistió la apoderada.

Otros probables determinadores del homicidio.

Duro choque

La defensa denunció penalmente a la fiscal, por un supuesto constreñimiento ilegal. Además, radicó otra queja ante el Consejo Seccional de la Judicatura por esta misma conducta, en su criterio, para desviar la investigación.

La denuncia penal se tramita actualmente en la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Neiva. La otra queja la instruye la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura.

Adicionalmente, la fiscal del caso fue recusada. La funcionaria judicial reiteró que no existen  causales para declararse impedida y continuó al frente de las acusaciones.

Al frustrarse el principio de oportunidad, la funcionaria decidió acusar separadamente al abogado Cesar Sierra Avellaneda, contratado para ejecutar el proyecto urbanístico. La audiencia de acusación se realizó en Pitalito el 12 de octubre de 2018.

La fiscal, según el propio Sierra Avellaneda, al parecer, está construyendo otra teoría del caso, distinta a la realidad de lo que ocurrió. Y con testigos de dudosa credibilidad.

Aun así, en medio de este complejo escenario, la jueza Cuarta Penal del Circuito, decidirá hoy si el alcalde de Pitalito, sigue con casa por cárcel o por el contrario, revoca la medida de aseguramiento.

Testigo clave

Cesar Sierra Avellaneda, quien se declaró víctima de este entramado criminal, aparece como testigo de cargo contra Mauricio Parra Rodríguez en los dos procesos que se adelantan en Bogotá.

Inicialmente rindió declaraciones ante funcionarios del Grupo especializado para investigar los delitos de homicidios de alto impacto (Gespol), luego ante fiscales de la Unidad de Vida y finalmente ante la Unidad de Lavado de Activos.

Los testimonios, revelaciones y las pruebas documentales que presentó a la Fiscalía, soportan la acusación contra Parra Rodríguez por otros delitos.

Además,  contiene toda la evidencia documental y probatoria contra el alcalde de Pitalito, Miguel Rico Rincón,  socio en el proyecto urbanístico “La voz de Dios”.

Igualmente los nexos con Parra Rodríguez, quien financió el proyecto; los entramados con funcionarios de planeación de Pitalito en el trámite de las licencias; los pagos efectuados a funcionarios de esa oficina y a otros personajes del Valle de Laboyos. Igualmente, los acuerdos con los concejales, a quienes les habían asignado apartamentos a cada uno.

En su poder, están los soportes financieros con los que se pagaron favores a varios funcionarios de planeación, y, los giros que se hicieron a través de terceros, supuestamente para pagar a los sicarios encargados de “silenciar” a Ochoa Sánchez.

Aun así, con toda la información sobre los verdaderos orígenes y propietarios del proyecto urbanístico, el preacuerdo se frustró.  El proceso sufrió un inesperado giro y las pruebas que soportaban la acusación no podrán ser utilizadas.

Además, la apoderada de Sierra Avellaneda instauró la semana pasada una acción de tutela para exigirle a la Fiscalía la devolución de las evidencias materiales y solicitará el cambio de radicación.

Las pruebas entregadas por Sierra Avellaneda, el  ‘testigo estrella’, soportaron esa captura. Sus declaraciones pusieron en evidencia también la participación de Mauricio Parra Rodríguez y se convirtió en testigo de cargos en los otros procesos que se le adelantan.

Esa posibilidad, sin embargo, se esfumó, y con ella, las pruebas que pueden ayudar a esclarecer el crimen.

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