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Objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP: ¿Inconstitucional o inconveniente?

Objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP: ¿Inconstitucional o inconveniente?
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Objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP: ¿Inconstitucional o inconveniente?

Esperanza Andrade

Las objeciones del Gobierno Nacional al Proyecto de Ley Estatutaria de la JEP (PLEJEP) constituyen una prerrogativa o herramienta de control político en cabeza del Presidente de la República, como parte del funcionamiento armónico y el ejercicio de contrapesos entre las ramas del poder público. Existen dos modalidades o causales para el trámite de dichas objeciones: por razones de inconstitucionalidad o inconveniencia.

Ya de antaño la jurisprudencia constitucional ha reconocido desde la promulgación de la Sentencia C-011 de 1994 hasta más recientes pronunciamientos, como el de la Sentencia C-634 de 2015, que las objeciones fundadas en razones de inconstitucionalidad no son procedentes cuando se trata del trámite de leyes estatutarias, dado que las mismas tienen un estudio previo de constitucionalidad por la máxima intérprete de la Carta, la Corte Constitucional. En consecuencia, dicho examen se encuentra superado con la fuerza de cosa juzgada.

Mientras tanto, las razones de conveniencia subsisten como causal de objeción en tanto fungen dentro del ejercicio de control político como circunstancias que inviabilizan la sanción de la norma por sus inminentes incidencias a nivel  político, en el orden público, económico y/o social. Es por ello que creemos que las objeciones son procedentes por razones de conveniencia.

La discusión nos servirá para debatir los siguientes artículos objetados:

El 7° en razón a que no establecen de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente las víctimas; el artículo 63 inciso 8 que no determina el alcance de la competencia atribuida al Alto Comisionado de Paz; el artículo 8 inciso 3 literal 3, que no precisa las diligencias judiciales que la fiscalía debe abstenerse de realizar; el articulo 19 parágrafo 2, el Estado no puede renunciar  a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad; el articulo 150, referente a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del acuerdo final; y el articulo 153, en el que se condiciona la extradición de otras personas, al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún termino de oportunidad para hacerlo.

Este examen nos permitirá obrar con la debida sindéresis sobre un asunto de alta trascendencia nacional e internacional, en el entendido que se debe garantizar la seguridad jurídica y el respeto por la institucionalidad, con la sabiduría y receptividad que nos permita entender que la paz solamente es posible si rompemos la polarización y avanzamos hacia la unidad, con esperanza para todos los colombianos.

 

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