INVESTIGACIÓN

La batalla que perdieron los usuarios de Empresas Públicas de Neiva

Empresas Públicas de Neiva no tendrán que devolverle a los usuarios los dineros que les cobró ‘indebidamente’ desde el 2006 por cada metro cúbico facturado, supuestamente destinados a mejorar la infraestructura. El Juzgado Tercero Administrativo rechazó una acción de grupo instaurada en el 2013.
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La batalla que perdieron los usuarios de Empresas Públicas de Neiva
Los costos medios asociados con la administración se recuperan a través del cargo fijo se cobra por usuario.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

Empresas Públicas de Neiva se salvó de pagar una millonaria indemnización a la totalidad de los usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado, por no haber ejecutado  a tiempo las inversiones obligatorias, ordenadas por ley para mejorar la calidad de los servicios.

Según la denuncia, EPN no ha venido cumpliendo las inversiones mínimas, ordenadas desde el 2006 para mejorar la infraestructura y asegurar la continua y eficiente prestación de los servicios públicos.

La entidad sólo se ejecutó un 38,1%   de un total cobrado a los usuarios del servicio por cada metro de agua facturado que asciende a  la suma de $48.788 millones de pesos con destino a proyectos de expansión, reposición y rehabilitación de la infraestructura de acueducto y alcantarillado.

Adicionalmente, los saldos del componente de inversión por recuperación tarifaria que se encuentra sin ejecutar, no fueron incluidos en los planes de inversiones desde el 2006 evidenciándose un considerable faltante que afecta la calidad y amenaza la prestación futura del servicio público.

“En estas condiciones, la suma faltante, es un servicio cobrado y no prestado, un cobro no autorizado que debe ser devuelto a los usuarios con los intereses correspondientes o en su defecto reintegrarse al Fondo de Recuperación de la Inversión para ejecutarse de manera inmediata en la rehabilitación, expansión y reposición de los sistemas de acueducto y alcantarillado”, estimó Gina Paola Andrade Rivas, quien promovió la acción judicial en noviembre de 2013.

Sin embargo, la acción popular, a pesar de su trascendencia naufragó en el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva.

La denuncia

La ciudadana, asumiendo la vocería de los usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado, estimó que EPN debía cancelar  cerca de 30.202 millones de pesos a los usuarios por indemnización colectiva compensatoria por los perjuicios causados.

Además, reclamó que esos recursos más los intereses debían ser invertidos en las obras de reposición, expansión y rehabilitación de redes conforme a lo establecido en los estudios tarifarios, como lo exige la normatividad vigente.

La petición beneficiaría a por lo menos 89.160 usuarios de acueducto y los 87.344 usuarios de alcantarillado reportados en agosto 31 de 2012, poco antes de la presentación de la acción de grupo, instituidas como un instrumento para facilitar la indemnización a personas que, en igualdad de circunstancias, hayan sido víctimas de un mismo hecho dañoso dotado de relevancia social.

La accionante reportó que la entidad no ha cumplido la metodología tarifaria que regula el cálculo de los costos de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado ni ha ejecutado los recursos que le corresponden pero que fueron cobrados.

Estos hechos evidencia, en su criterio, un incumplimiento continuo desde octubre de 2006 a diciembre 31 de 2012 en la ejecución del plan de inversiones proyectado para calcular las tarifas aplicadas, y por ende un incumplimiento en la aplicación de la metodología tarifaria adoptada a pesar de estar cobrando a los usuarios los recursos para inversión en la infraestructura sanitaria.

La empresa reportó que entre el periodo 2006-2015 ha invertido $54.500 millones

Inversiones pendientes

Según la demandante, en esa fecha EPN ejecutó en obras de expansión, rehabilitación y reposición con recursos propios, es decir recursos ingresados vía tarifa, solamente la suma de 18.586 millones de pesos  de los 48.788 millones presentando un déficit de inversión al 31 de diciembre de 2012 por valor de 30.202 millones de pesos que no se han ejecutado conforme a la ley.

La misma EPN certificó en el 2012 que sólo ha invertido el 38,1% del total del recaudo para inversión, quedando sin invertir a diciembre 31 de 2012 la suma de 30.202 millones de pesos perjudicando de esta manera a los usuarios del servicio.

Al dejar de invertir esos recursos se pondría en alto riesgo la infraestructura de acueducto y alcantarillado y  el derecho al acceso de los usuarios del servicio de agua potable. Este incumplimiento en criterio de la demandante implicaría una clara violación al principio de moralidad al no haber utilizado dineros captados de los usuarios conforme a la ley.

Tampoco ha funcionado una cuenta específica donde se vea reflejado el registro de estos recursos captados vía tarifa. La inexistencia de esta cuenta en el plan contable de la entidad dificulta el control de los recursos vía tarifa percibidos para inversión, ya que estos son mezclados con otros ingresos percibidos y de igual manera son ejecutados sin ningún control.

La otra cara

La entidad advirtió que el indicador establecido en la demanda no corresponde a la realidad. En esos valores  facturados con destino a inversión entre los años 2006 a 2012, no se tuvo en cuenta la cartera morosa. Solo se tuvo en cuenta lo facturado pero no lo efectivamente recaudado.

“Estos valores que no coinciden con los efectivamente recaudados, los cuales fueron para dicho periodo sustancialmente menores en valor de $27.638 millones en acueducto y $11.077 millones para alcantarillado”, precisó.

Sólo en contratación destinada a expansión, reposición y rehabilitación según el documento, en el periodo 2006 – 2012– ascendió a $31.015 millones en acueducto y $71.957 millones en alcantarillado.

Adicionalmente, otros $43.929 millones fueron invertidos en contratación directa; cifras que superan los recaudos por el concepto de inversión obligatoria en expansión, reposición y rehabilitación.

Según la entidad, los planes de inversión son a diez años, es decir, el balance debió hacerse en el último año (2014) y no de manera parcial como lo presentaron los demandantes.

Según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a partir del primero de enero del 2006 el plan contable debía estar actualizado y aplicarse en las Empresas Públicas de Neiva, lo que no ha ocurrido, replicaron los accionantes.

Igualmente advirtieron que los ajustes al plan de inversiones no fueron autorizados. “cualquier modificación de la estructura tarifaria y/o los costos económicos sólo pueden ser autorizadas por la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable).

La empresa reportó que entre el periodo 2006-2015 ha invertido $54.500 millones en acueducto y $26.833 millones  en alcantarillado, que expresado en pesos a diciembre del 2003 sería $38.103  millones en acueducto y $19.428 millones en alcantarillado.

Razones del fallo

A pesar del esfuerzo de la accionante para demostrar la no ejecución de los recursos y exigirle por vía judicial la inversión de los recaudos por servicios facturados, la acción judicial no tuvo eco.

La juez Lina Marcela Cleves Roa

Sin embargo, lLa empresa reportó que entre el periodo 2006-2015 ha invertido $54.500 millones, dijo que los esfuerzos no fueron suficientes para demostrar el incumplimiento, válidos en el momento en que se presentó la acción de grupo.

La funcionaria avaló el informe de la empresa y descartó que EPN haya dejado de invertir en expansión, reposición y rehabilitación los recursos por recuperación tarifaria.

“Por el contrario,-dijo- a través del análisis a los contratos suscritos se puede concluir que la inversión por dicho concepto sobrepasó en gran medida el valor recaudado; no materializándose ningún tipo de daño que amerite una declaratoria en tal sentido, ni mucho menos una afectación frente al acceso de los usuarios al servicio al agua potable”.

“Si bien el Despacho encuentra reparo frente a que la entidad no haya contado con la Cuenta 1116, no se demostró que tal situación haya generado que no se hubiesen invertido los respectivos recursos, los cuales, se reitera, en el periodo analizado fueron destinados en su momento”.

Asimismo estimó que es equivocado alegar un presunto daño sobre un periodo menor al establecido que era de diez años para los planes de inversión.

“En conclusión, si el objeto de la acción era obtener la indemnización de los perjuicios ocasionados al grupo declarando la responsabilidad del Estado, el daño debía aparecer plenamente demostrado en el proceso, cosa que no ocurrió, impidiéndole al sentenciador ordenar su presunta reparación”, subrayó la funcionaria judicial.

Tarifas de la discordia

Las metodologías definidas por la CRA se basaron en la determinación de los costos calculados a partir de la información contable reportada por los prestadores, teniendo en cuenta que las tarifas resultantes debieran cubrir la operación, la administración, el mantenimiento y los planes de renovación y expansión (según lo estableció la Ley 142 de 1994). La idea era reducir en forma gradual los rezagos en relación con los costos.

La norma estableció que por cada metro cúbico facturado los prestadores recuperaban un monto para cubrir los costos medios de operación en los que incurría, y otro para cubrir el valor de reposición del sistema actual en óptimas condiciones y realizar las expansiones que le permitieran atender las demandas futuras, es decir, el costo medio de inversión.

Los costos medios asociados con la administración se recuperan a través del cargo fijo por usuario. En caso de haber más de 25.000 suscriptores, se determinó como un valor presente de todas las inversiones relacionadas directamente con la reposición, expansión y rehabilitación del sistema, según los requerimientos de operación durante un horizonte de planeación de 10 años.

 

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