ALDETALLE

Los ‘enredos’ de la pagadora del Ceinar

La Personería de Neiva documentó la defraudación a las cuentas de la institución educativa Ceinar. La pagadora, Marby Lucía Cachaya, la principal sospechosa. El organismo de control la acaba de suspender del cargo.
1/1
Los ‘enredos’ de la pagadora del Ceinar
En $282 millones tasó la Personería de Neiva la presunta defraudación a las arcas de la institución educativa Ceinar. La pagadora, Marby Lucía Cachaya Vargas, la principal sospechosa.

La Personería Municipal acaba de tomar las primeras decisiones por el escándalo de la supuesta defraudación a las arcas del Ceinar, una de las instituciones educativas más reconocidas de la capital del Huila.

Aunque hasta ahora nadie se había atrevido a hacer señalamientos puntuales, el organismo de control identificó a quien sería la ‘cerebro’ del presunto desfalco. Se trata de Marby Lucía Cachaya Vargas, la pagadora del establecimiento educativo.

El escándalo lo ‘destapó’ el 8 de abril pasado el periodista, Francisco Argüello, en su columna del Diario LA NACIÓN. El comunicador detalló la manera en la que desaparecieron más de $200 millones de las cuentas del Ceinar. En esa misma semana, en el Concejo Municipal, se ‘ventiló’ el tema y el secretario de Educación, Alfredo Vargas, corroboró las denuncias.

La investigación

Por tratarse de recursos públicos, la Oficina para la Vigilancia Administrativa y la Gestión Pública de la Personería Municipal asumió la investigación de los hechos y tras una visita especial al Ceinar, documentó las presuntas anomalías.

Los investigadores determinaron que en enero de 2016, en la carpeta “contabilidad 2016”, obra una conciliación bancaria sobre la cuenta 390-72178-5 del Banco Popular, la cual refleja un saldo a 31 de enero de 2016 por valor de $260 millones, valor coincidente con el extracto bancario y libro de tesorería.

No obstante, al revisar la información contenida en el extracto obtenido por la Rectora María Cristina Borrero Hermida, del mismo mes y año, emergen notables diferencias, consistentes en que, el saldo de este a 31 de enero de 2016, fue de $2.208.425.

La Personería concluyó un faltante entre el extracto bancario aportado por la pagaduría y el solicitado al banco por la Rectora, que corresponde a la suma de $258.351.184.

“Se pudo establecer que durante ese periodo en el extracto bancario y libro de tesorería reportados por la pagaduría, los ingresos por depósitos corresponden a la suma de $210 mil. Sin embargo, el total de ingresos reportado por el banco en el extracto obtenido directamente por la rectora en la entidad bancaria, refleja un total de ingresos de $614 mil, evidenciándose un faltante por $404 mil”, documentó el órgano de control

Más anomalías

En lo referente a la cuenta del Banco Popular 110-390-01046-0, la Personería Municipal encontró que, según el libro de pagaduría, el saldo a 31 de enero de 2016 era de $2.756.332, que coincide con el extracto aportado por la misma dependencia. Sin embargo, en el extracto bancario solicitado por la rectora, el saldo de esta cuenta es de $115.745, presentándose una diferencia de $2.640.586.

En el mismo sentido, en diciembre de 2016, en la cuenta 000287100200 del banco Davivienda, el organismo de control determinó que, según el libro de pagaduría y el extracto aportado por la misma dependencia, el saldo de la cuenta a 31 de diciembre era de $20.824.203, pero, de acuerdo con el extracto aportado por la Rectora, el saldo era de $142.433, presentándose un faltante de $20.681.770. En ese mes, dice la Personería, se evidencian consignaciones en efectivo por $5.950.000, que no aparecen reflejados en el libro de bancos y en el extracto respectivo de pagaduría de la institución educativa.

La investigación de la Personería estableció, en resumidas cuentas, un faltante de cerca de $282 millones, identificando a la pagadora, Marby Lucía Cachaya Vargas, como la presunta autora de las anomalías encontradas.

“Emerge con claridad que, la conducta ejecutada por la pagadora está orientada a la apropiación de los dineros del Ceinar, pues, su proceder se devela mediante el cotejo de los certificados de los movimientos bancarios suministrados por Marby Lucía Cachaya Vargas para los reportes contables, frente a los obtenidos por la Rectora del establecimiento educativo directamente de los bancos, de donde se identificó que en las cuentas del Banco Popular 390-721178-5 registra un faltante de $258.351.184; y la número 110-390-01046-0 un faltante de $2.640.586; y en la del Banco Davivienda número 000287100200 un faltante de $20.681.770; para un faltante total que asciende a los $281.673.541, sólo de lo advertido en la visita especial”, explicó el órgano de control, que fue más allá y subrayó que “la queja y sus soportes, así como el acta de la visita, su informe y la documentación recopilada en la diligencia de inspección, estos hechos comportan la configuración de conductas no sólo contrarias a la ley disciplinarias sino también punibles, en razón a que se advierten tanto irregularidades en la gestión presupuestal y contable, como un detrimento patrimonial por la presunta sustracción de recursos económicos pertenecientes al centro educativo”.

Y puntualizó la Personería: “De forma preliminar, puede considerarse que el comportamiento de la presunta autora de los hechos, se adecuan de manera objetiva a la descripción típica del peculado por apropiación y falsedad documental, sancionables como delitos en la Ley 599 de 200, en modalidad dolosa”.

La sanción

Luego del resultado de las investigaciones, el personero, Oscar Huber Zúñiga Córdoba, decidió en las últimas horas suspender provisionalmente de su cargo a la pagadora, Marby Lucía Cachaya.

“La medida es consistente en la separación temporal e inmediata de la servidora pública del ejercicio de su cargo y el desempeño de sus funciones, en aras de salvaguardar la integridad del trámite investigativo y de prevenir la reiteración de infracciones a sus deberes”, dijo el representante del órgano de control, al recordar que la institución educativa, objeto de la substracción de los dineros, es “un establecimiento público en el que estudian los niños y niñas en situación de discapacidad de escasos recursos de Neiva, lo que le imprime un mayor reproche al comportamiento desplegado por la pagadora”.

La pagadora permanecerá suspendida por el término de tres meses, sin derecho a remuneración. Contra esta decisión, no procede recurso alguno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios

Comenta con tú facebook


Powered by
Arriba