INVESTIGACIÓN

Condenados secuestradores de cafetero huilense ‘sepultado’ en vida

Penas entre 31 y 41 años de prisión purgarán seis de los nueve secuestradores del cafetero Francisco Reinel Acosta, quien permaneció 45 días en una caleta bajo tierra. Los responsables tendrán que pagar de multa  de 5.207 millones de pesos.
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Condenados secuestradores de cafetero huilense ‘sepultado’ en vida
Francisco Reinel Acosta, rescatado el 24 de septiembre de 2013. ARCHIVO LA NACIÓN

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

Los últimos secuestradores del cafetero laboyano Francisco Reinel Acosta, quien permaneció 45 días, sepultado en vida, no pudieron salir libres. En cambio tendrán que purgar una pena de 460 meses de prisión. Los primeros implicados en el espantoso plagio confesaron su participación y fueron condenados en sentencia anticipada.

El caficultor, de 59 años, soportó uno de los más crueles cautiverios que se hayan conocido. Estuvo prácticamente “enterrado vivo”. Permaneció encerrado en una estrecha caleta bajo tierra preparada anticipadamente por los secuestradores.

Acosta fue secuestrado por seis hombres fuertemente armados, reconocidos como miembros de una célula del Ejército de Liberación Nacional que operaba en el Cauca.

El plagio ocurrió el domingo el 11 de agosto de 2013 en la vereda ‘La Hacienda’ ubicada en el corregimiento de Bruselas, el principal enclave  de los cafés especiales de alta calidad. El cafetero se desplazaba en un campero de su propiedad en compañía del mayordomo Edilson Salcedo y su esposa Diana Marcela Muñoz, con quienes estuvo departiendo en una discoteca.

Esa noche, seis hombres vestidos de negro y con los rostros cubiertos con medias veladas se identificaron como miembros de la guerrilla. Intimidándolo con las armas  lo obligaron a abordar otra camioneta y lo condujeron hacia la zona rural de San Agustín, límites con el Cauca.

Según los relatos, los sujetos portaban pistolas y fusiles soviéticos AK-47.  El mayordomo y su esposa, dejados en libertad, confirmaron el secuestro.

Una semana después Rudelfa Acosta, esposa del secuestrado, fue contactada por los plagiarios. Los secuestrados le exigían el pago de 2.500 millones de pesos por la liberación, una cifra, nunca vista por el modesto agricultor.

Ocho días después,  su esposa recibió la primera prueba de supervivencia. Eran varias fotos y un mensaje escrito a mano, en una hoja de agenda, donde le pedía que consiguiera el dinero.

Marcos Casos Urcué, (‘Víctor’) supuesto ‘cerebro’ del secuestro.

 El infierno

La casa que sirvió de cautiverio estaba ubicada en la vereda La Independencia en jurisdicción del municipio de Isnos (Huila) donde fue rescatado el 24 de septiembre de 2013.

La caleta bajo tierra con un área de 1,80 metros cuadrados por dos metros de altura, estaba acondicionada con una cama de cemento, una manguera que hacía las veces de ducha y un sanitario improvisado, también bajo tierra.

El ingreso se hacía a través de un estrecho orificio recubierto con una tapa en concreto rígido de 60 kilos, revestida a su vez con baldosas iguales al resto del piso, lo que garantizaba su mimetizaje y hacía difícil ubicación.

Adicionalmente,  la celda había sido diseñada con una cámara de insonorización que ocultaba cualquier ruido que pudiera efectuar el secuestrado. “Era un hueco muy oscuro, profundo y húmedo”, recordó.

Según su propio testimonio recibía la alimentación a través de una estrecha cavidad que le impedía el contacto físico con sus plagiarios. La celda bajo tierra tenía una escalera que usaban los carceleros para bajarle los alimentos. Solo una persona cabía en esa pequeña cavidad.

En ese infierno permaneció seis semanas y cuatro días, totalmente aislado, hasta que fue rescatado sano y salvo.

En el sitio del cautiverio fue ron capturados Alex Duván Cifuentes, Nory Milena Jiménez y Samuel Trochez, condenados como autores del plagio.

Espectacular rescate

El operativo se inició días antes con la infiltración de agentes encubiertos en la zona, ya localizada por el rastreo de las llamadas telefónicas.

El martes 24 de septiembre a la madruga ingresó el comando antisecuestro del grupo Gaula encargado de la operación de rescate. Avanzaron sigilosamente entre los tupidos cafetales hasta que avistaron la casa construida en bahareque, donde se construyó la caleta.

En el primer piso había una lona verde que impedía su avistamiento en medio de la vegetación. Hacia el mediodía, cuando se calculaba la hora del almuerzo, el escuadrón antisecuestro dio el golpe certero. Fue una operación contundente, precisa. No hubo muertos ni heridos.

El cafetero, quien tenía una larga barba, fue liberado del hueco en que permanecía cautivo, prácticamente sin disparar un solo tiro. El factor sorpresa y la precisión del operativo no le dio de reaccionar a los carceleros.

Samuel Trochez, Alex Duván Cifuentes y Nory Milena Jiménez, los carceleros. Marcos Casos Urcué, (‘Víctor’) supuesto ‘cerebro’ del secuestro.

Las capturas

Durante la operación fueron capturados en el sitio del cautiverio Samuel Troches Urcué, Alex Duván Cifuentes Troyano y su esposa Nory Milena Jiménez Cerón, encargados de cuidar al secuestrado. El primero registraba antecedentes por el delito de rebelión y tenía con una condena de 72 meses de prisión.

Los tres aceptaron los cargos que les imputó el Fiscal Sexto Especializado de Neiva y fueron condenados a penas entre 33 años y 41 años de prisión. La mujer, encargada de cocinar, se acogió a sentencia anticipada y permitió identificar a los demás participantes.

Tres meses después, el 8 de diciembre de 2013 en operativos simultáneos fueron capturados Edilfret Olaya Mejía; Aquileo Palacios Cárdenas (‘El Oso’),  Javier Enrique Vela Tunobalá, Wilson Martínez Suárez, y Hernán Sánchez Endo en operaciones simultaneas realizadas en Pitalito, Palestina, Bogotá y El Bordo (Cauca).

El 25 de enero de 2016 fue capturado el supuesto ‘cerebro ‘del plagio, Marcos Casos Urcué, (‘Víctor’), señalado como el tercer hombre del frente Manuel Vásquez Castaño del Eln, quién planeó el secuestro.  La detención se produjo en la región de Lerma en Bolívar (Cauca).

Las condenas

Los últimos seis secuestradores fueron condenados en primera instancia el 27 de junio de 2017. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva los sentenció a 40 años de prisión como coautores responsables de los delitos de secuestro extorsivo, en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Tres de ellos apelaron (Aquileo Palacios Cárdenas,  Javier Enrique Vela Tunobalá y Wilson Martínez Suárez).

Planeado

El secuestro, según la investigación, fue milimétricamente planeado.  Vela Tunobalá, el fontanero de la vereda,  fue el encargado de reportar y hacerle inteligencia a la víctima; Sánchez Endo, armado con un fusil retuvo el vehículo en el que se desplazaba el cafetero. Martínez Suárez igualmente con un fusil, escondido cerca del lugar, facilitó el plagio.

Olaya Mejía, en una moto fue el encargado de informar lo que ocurría en el trayecto. Eso le permitió detectar a tiempo un retén policial, y permitió que lo eludieran. Olaya lo abordó en la discoteca y le pidió trabajo.

Palacios Cárdenas, trasladó al productor hasta el primer  cautiverio, movilizó el armamento utilizado, obtuvo y trasladó la prueba de supervivencia a la familia del secuestrado.

En estas condiciones, la Sala Penal estimó que todos actuaron en calidad de coautores y no sólo como cómplices. Al resolver el recurso, a los tres impugnantes los absolvió sólo del delito de porte ilegal de armas de fuego y modificó la pena por el delito de secuestro agravado.

“Consecuente con ello, se impondrá a Aquileo Palacios Cárdenas, Javier Enrique Vela Tunobalá y Wilson Martínez Suárez una pena principal de 460 meses de prisión (38 años tres meses y tres días), sentenció en segunda instancia el Tribunal Superior de Neiva.

Además, el despacho judicial, les negó todos los beneficios y confirmó como pena accesoria una multa de 5.207 millones de pesos aproximadamente (equivalentes a 6.666  salarios mínimos mensuales). Adicionalmente, les impuso una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años.

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