INVESTIGACIÓN

Lo que respondió el Alcalde de Neiva ante la Procuraduría

El alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, rindió ayer versión libre ante la Procuraduría por la contratación de un peritaje técnico por el desplome de la tribuna occidental. Los disciplinados defendieron la legalidad de la contratación.
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Lo que respondió el Alcalde de Neiva ante la Procuraduría
El alcalde Rodrigo Lara Sánchez durante su versión libre en la segunda audiencia del proceso verbal.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

El alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, su jefe de Contratación, Mauricio Fernando Iglesias y su asesor jurídico Vladimir Salazar rindieron ayer versión libre ante el procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial Germán Calderón España.

La secretaria de Infraestructura, Diana Paola Solaque y la directora de Deportes, Liliana María Ocampo Martínez aunque concurrieron a la diligencia, se reservaron el derecho a presentar anticipadamente su testimonio. Las dos funcionarias también fueron vinculadas a un proceso disciplinario por haber contratado directamente, un concepto técnico especializado sobre las causas que ocasionaron el colapso en el estadio de fútbol “Guillermo Plazas Alcid”. La diligencia comenzó a las 2:05 de la tarde de ayer en una de las salas de audiencias de la Procuraduría en Bogotá.

Después de dos horas, la diligencia se suspendió. El próximo lunes a las diez de la mañana, los abogados presentarán los alegatos jurídicos y   El proceso disciplinario fue iniciado el 28 de mayo pero ese día se suspendió por solicitud de las partes.

Los pliegos de cargos fueron elevados  el 10 de mayo por presumibles anomalías en la suscripción de un contrato de prestación de servicios con la firma Ingeniería Sísmica y Estructural SAS para determinar las posibles fallas que originaron el colapso parcial de la tribuna occidental que dejó como saldo cuatro muertos y diez heridos.

La empresa, especializada en vulnerabilidad sísmica, patología estructural, reforzamiento y rehabilitación de estructuras, fue contratada determinar las causas del siniestro. Los resultados fueron contundentes y soportaron el proceso administrativo sancionatorio que concluyó con la caducidad de los contratos de obra pública e interventoría.

El mismo estudio soporta actualmente un proceso de responsabilidad fiscal iniciado por la Contraloría General de la República donde puso en evidencia, antes del colapso, las irregularidades en el proceso constructivo, entre otras, por la no ejecución del reforzamiento estructural, eje del contrato.

No obstante, el Procurador Delegado consideró que por el objeto y alcance del contrato se requería la realización de un concurso público de méritos para escoger a la firma encargada de rendir el concepto técnico. Los reparos disciplinarios fueron formulados porque el contrato se adjudicó directamente. El peritaje tuvo un costo de 245 millones de pesos cofinanciado con Coldeportes.

Aspectos de la audiencia durante la versión libre

Lo que dijo Lara

En concreto, el alcalde Rodrigo Lara Sánchez, reiteró las razones jurídicas para incorporar esta prueba en el proceso que adelantaba la administración municipal.

La experticia fue solicitada por el jefe de Contratación como soporte para la valoración probatoria durante el interferido proceso sancionatorio iniciado 20 días después de la tragedia ocurrida el 19 de agosto de 2016.

“Lo que se contrató no fue una consultoría como lo supone el agente del Ministerio Público, sino unos servicios profesionales especializados, una asesoría especializada en temas de ingeniería estructural”.

“El estudio a nivel de peritazgo -dijo- era necesario para determinar el cumplimiento de la normatividad sismo-resistente en l remodelación de la tribuna”.

“Este peritaje está legalmente permitido por la Ley 80, se hizo a la luz de la normatividad vigente. La asesoría especializada fue decretada en un auto de pruebas para determinar el grado de cumplimiento de la normatividad sismo-resistente, para verificar si el diseño estructural era o no apropiado para la obra contratada y para examinar las causas probables del siniestro”, anotó Lara Sánchez.

El funcionario hizo un recuento del  estado del proyecto que recibió al comienzo de su administración y las acciones que emprendió para terminarlo. Sin embargo, el accidente, originó la parálisis hasta determinar las fallas que lo provocaron.

“Gracias al peritaje pudimos soportar técnicamente la caducidad del contrato por grave incumplimiento y recuperar 5.780 millones de pesos por parte de las aseguradoras”, afirmó Lara Sánchez durante la versión libre.

“Pero lo más importante, -concluyó- con estas decisiones administrativas, evitamos una tragedia mayor, que habría podido presentarse por las fallas estructurales y constructivas del escenario deportivo”.

Los reproches

Calderón España reprochó la adjudicación en forma directa del contrato de servicios especializados, sin multiplicidad de oferentes, desconociendo en su opinión, el estatuto disciplinario.

Según el Procurador los demás disciplinados “presuntamente vulneraron los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva, al aceptar, aparentemente, la oferta de la firma Ingeniería Sísmica y Estructural SAS antes de la publicación de los estudios previos por parte de la alcaldía”.

Sin embargo, el jefe de Contratación, Mauricio Fernando Iglesias, quien decretó la prueba técnica, advirtió que por ser un concepto técnico especializado no se requerían estudios previos, ni licitación o concurso público, por tratarse, en esencia, de un contrato de prestación de servicios especializados.

“El contrato de prestación de servicios profesionales especializados que se suscribió con la firma Sísmica, corresponde a un contrato de peritaje, que surgió en el proceso sancionatorio por incumplimiento contractual, donde se determinó, gracias a ese peritaje, todas las deficiencias, técnicas y constructivos que condujeron a la declaratoria de caducidad2, argumentó Iglesias Gaona, al rendir su versión libre.

“Fue un contrato, señor Procurador, que surge en virtud del proceso de incumplimiento, con base en auto que decretó una prueba pericial y por esto surge la necesidad de contratar el dictamen. No es un contrato de consultoría como se contempló en el auto de cargos, es un contrato netamente relacionado con el funcionamiento de la entidad que requiere para saber qué fue lo que pasó”, reiteró Iglesias.

“Este contrato-añadió- fue cofinanciado con Coldeportes, fue analizado por el equipo jurídico de contratación y con la directa de la entidad, concluyendo que era una propuesta técnica y económica ajustada a las necesidades del mercado y ajustada a los requerimientos que se demandaban para conocer las causas del siniestro”.

La empresa Sísmica realizó el peritaje.

¿Estrategia?

Por su parte, el abogado Vladimir Salazar, reiteró el entorno jurídico

“En concreto-dijo- le presentamos al Procurador la justificación jurídica, las razones por la cual se tomó la decisión de contratar a la empresa Sísmica, pero además le solicitamos que se adelante la investigación por la pérdida de los recursos”.

“Consideramos que esta es una estrategia de los contratistas, que están buscando un fallo disciplinario para usarlo como insumo en una eventual demanda contra el municipio”, sostuvo Salazar Arévalo.

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