INVESTIGACIÓN

‘Electrocutado’ proyecto de alumbrado público en Rivera

Un acuerdo que pretendía ampliar el objeto social a la Empresa de Servicios Públicos fue anulado por ilegal. La misma suerte correrá otra iniciativa de endeudamiento para modernizar el servicio.
1/4
‘Electrocutado’  proyecto de alumbrado público en Rivera
El alcalde Néstor Ramiro Barreiro y el concejo de Rivera se equivocaron al proponer cambios que resultaron ilegales.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

La Empresa de Servicios Públicos de Rivera no podrá operar el alumbrado público. Tampoco podrá por ahora administrar el recaudo del impuesto de alumbrado público ni modernizar este servicio en lo que le resta del actual mandato.

El acuerdo municipal que facultaba al alcalde para delegarle esa nueva responsabilidad no resistió la descarga jurídica y pereció ‘electrocutado’ en los estrados judiciales.

La misma suerte correrá el segundo acuerdo para inyectarle cuantiosos recursos provenientes de un crédito interno para mejorar el servicio.

La polémica iniciativa fue presentada en forma precipitada por el alcalde Néstor Ramiro Barreiro, sin estudios técnicos y jurídicos, sin la factibilidad para delegarle la operación y administración del servicio público. Paralelamente, presentó otro proyecto de endeudamiento para financiar la modernización del sistema.

Las dos iniciativas fueron objetadas por el director del Departamento Jurídico de la Gobernación, Ricardo Moncaleano Perdomo, al considerar que eran ilegales.

El Acuerdo 003 expedido por el concejo de Rivera el 9 de febrero de 2019  autorizaba ilegalmente al alcalde para que modificara el Acuerdo 0012 de 2006 que autorizó la creación hace 13 años las Empresas Públicas de Rivera. La iniciativa fue sancionada el 12 de febrero de 2019. Solo tres concejales se apartaron y votaron en contra.

El descalabro

Además de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, el alcalde pretendía modificar por acuerdo el objeto social de la empresa y asignarle la prestación de los servicios de generación y comercialización de energía con fuentes no convencionales, compra de energía, iluminación de espacios públicos y privados. Asimismo el diseño y prestación del servicio de alumbrado (suministro, instalación, reposición, modernización, operación, mantenimiento, desarrollo tecnológico, entre otros).

La empresa se constituyó como una sociedad comercial anónima mediante Escritura Pública 763 registrada el 15 de diciembre de 2006 en la Notaría Única de Campoalegre. Por lo tanto, el objeto social no podía hacerse por acuerdo, como se pretendía, sino por vía de una reforma estatutaria aprobada por la Asamblea General.

Además, pretendía modificar un acuerdo cuya vigencia había caducado hace 13 años, lo que resultaba ilógico y abiertamente ilegal. Un descalabro.

El proyecto de modernización del alumbrado público quedó por ahora enredado. La Empresa de Servicios Públicos no podrá operar el proyecto.

El debate

La iniciativa, según el mandatario local, pretendía la descentralización técnica del servicio de alumbrado público (que es competencia del sector central) en cabeza de la Empresa de Servicios Públicos de Rivera.

En otras palabras, era una reasignación de competencias para que la esta empresa manejara en adelante este nuevo servicio de manera descentralizada. Sin embargo, el procedimiento no era el adecuado y la iniciativa se tornaba ilegal.

El Procurador Judicial respaldó la tesis de la administración departamental. Aseguró que la modificación del objeto social de una entidad descentralizada de naturaleza especial, no se hace a través del acuerdo municipal. En su criterio,  la modificación debe recaer concretamente sobre los documentos societarios respectivos, reglados entre otros por el Código de Comercio.

“La ampliación del objeto social de la  Empresa de Servicios Públicos no es competencia del concejo municipal, toda vez que la empresa es una entidad societaria constituida en legal forma a través de documento público y ello vulnera normas legales que prohíben a los concejos intervenir en asuntos que no sean de su competencia”, precisó el magistrado José Miller Lugo.

Además porque el Acuerdo No. 012 de 2006 perdió su vigencia y ello conlleva a la cesación de sus efectos jurídicos y a la desaparición de los fundamentos de hecho o de derecho.

Para los magistrados esa disposición administrativa resulta innecesaria e ilegal, pues si bien el concejo puede otorgar facultades al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden a la corporación también lo es que para realizar esa delegación debe verificarse y precisarse el tiempo y el asunto o la materia objeto de regulación.

“Si tales requisitos no se cumplen, esto es, si no se fija el término o el asunto es difuso, incierto o abstracto, dichas facultades resultan ilegales o inconstitucionales”, precisaron.

“Es claro, -agregaron- que no era necesaria la delegación de la facultad para modificar o ampliar el objeto o razón social de la Empresa de Servicios Públicos del municipio de Rivera, toda vez que desde su creación en el año 2006 como sociedad anónima gozaba de autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, incluso para ampliar su objeto social.

Para ampliar el objeto social solo se requería someter a estudio y análisis el asunto y ponerlo en consideración de la Asamblea General para la respectiva aprobación, previa modificación de sus estatutos.

Asimismo el Tribunal Administrativo acogió la objeción según la cual el citado acuerdo vulneraba la unidad de materia, ya que abarcaba una variedad de materias que no se interrelacionan entre sí. Dicho articulado, en criterio de la Sala, riñe con el concepto de unidad de materia y se torna ilegal.

Sin estudios

No obstante, el principal argumento es que los concejales nunca examinaron la justificación técnica y jurídica para delegar esta facultad que es expresa del alcalde.

La administración no realizó los estudios, ni presentó informes técnicos y presupuestales para delegar la prestación del servicio de alumbrado público, que no podía delegar.

El Concejo tampoco realizó el respectivo análisis jurídico y legal correspondiente, estudios de factibilidad, estudios presupuestales y financieros, estudios técnicos que se requieren previamente para reglamentar dicho servicio de alumbrado público.

En estas condiciones el Tribunal Administrativo consideró que las objeciones formuladas por el gobierno departamental deben ser aceptadas, y en consecuencia, el acuerdo debe ser anulado. Y así ocurrió. El Acuerdo 003 de 2019 fue anulado y se ordenó su archivo.

Sin estudio previo

“El concejo municipal en ningún momento observó el análisis jurídico legal como los estudios de factibilidad, estudios financieros, estudios técnicos que se requieren previamente para reglamentar el servicio de alumbrado público”, explicó el director del Departamento Administrativo Jurídico, Ricardo Moncaleano Perdomo.

“En ese orden de ideas, la delegación de la prestación del servicio público debe estar necesariamente justificado con un estudio técnico y jurídico. Como no lo tienen el alcalde no puede delegar la prestación de ese servicio”, afirmó.

Es más, así se cambie el objeto social como lo ordena el Código de Comercio, tampoco podría prestarlo, porque el alcalde tendría que haber solicitado las facultades para poder delegar la prestación del servicio, no para cambiar el objeto social de la empresa.

Por lo tanto, tampoco podría transferirle a título de cesión del recaudo del impuesto de alumbrado público, entre otras fuentes de financiación para la prestación de este servicio.

En vilo

Anulado el primer acuerdo, queda al garete, otra iniciativa que facultaba al alcalde para contratar un cupo de endeudamiento para modernizar la prestación de este servicio. El acuerdo le daba facultades hasta el 31 de diciembre de 2019, el último día de su mandato para gestionar un crédito. La iniciativa también fue objetada por la administración departamental por ilegal.

El Acuerdo No. 004 de 2019, sancionado el 12 de febrero de 2019 solicitaba autorización para contratar un cupo de endeudamiento para la modernización, argumentando que el recaudo del impuesto resulta insuficiente para adelantar los procesos de modernización y sostenibilidad del sistema.

Como ocurrió en otros municipios, entre ellos Neiva y Palermo,  el alcalde de Rivera no examinó otras alternativas económicas de conveniencia financiera y fiscal diferentes a la del endeudamiento. Pero además, lo hizo, desconociendo la regulación sobre operaciones de crédito público y manejo de la deuda pública de las entidades territoriales (Decreto 2681 de 1993).

La norma establece  que previa a la celebración de operaciones de crédito público, las entidades estatales deberán evaluar diferentes formas de financiamiento y la conveniencia financiera y fiscal de realizar tales operaciones frente al financiamiento con recursos diferentes del crédito.

En esta materia, la administración departamental considera que los concejos deben requerir una evaluación de alternativas para que ser estudiadas durante el trámite y debate del proyecto de endeudamiento.  Por tanto, al no presentarlas se incumple con este requisito legal sobre empréstitos internos para entidades territoriales, contemplados en la citada norma y por lo tanto quebranta principios constitucionales como los principios de legalidad del gasto y normas orgánicas del presupuesto.

El proyecto está en estudio del magistrado Jorge Alirio Cortés y en pocos días habrá un pronunciamiento.

Rivera tendrá que seguir esperando la renovación de las luminarias

 

Comentarios

Comenta con tú facebook


Powered by
Arriba