INVESTIGACIÓN

¿Se destrabará juicio por colapso en el estadio?

Después de cinco aplazamientos, el juez Tercero Penal del Circuito de Neiva, Jorge Enrique Luna, aspira a terminar la audiencia preparatoria y fijar fecha para iniciar el juicio por las irregularidades en la contratación de las obras de remodelación. La novela continúa.
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¿Se destrabará juicio por colapso en el estadio?
El juez Jorge Enrique Luna reanudará este martes la audiencia preparatoria para fijar fecha del juicio por anomalías en el estadio.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva, reanudará mañana la audiencia preparatoria por las anomalías en la contratación y ejecución de la frustrada remodelación del estadio de Neiva ‘Guillermo Plazas’.

La reanudación de la audiencia, suspendida desde hace siete meses, está programada para este martes y miércoles para avanzar en firme  en el juicio oral.   Sin embargo, por su complejidad y número de imputados, no será fácil culminarla en estas diligencias donde se admitirán o excluirán las pruebas que harán valer en el juicio.

De hecho, la acusación contempla 280 elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, cerca de 30 mil folios ,104 testigos (87 de la Fiscalía y 17 de la defensa). Algunos de los documentos están en una unidad de almacenamiento con una capacidad de mil millones de bytes (una tera) más seis discos compactos.

La entrega de ese material a las partes ha sido dispendioso. Estudiarlos en detalle para preparar la defensa o soportar la acusación ha sido otra odisea que puede anticipar desde ya la suerte y duración que tendrá la realización y culminación del juicio.

Además, el proceso incluye no solo a todos los contratistas de los diseños y obra pública. También a los interventores, supervisores, a un curador urbano, al ex alcalde Pedro Suárez, a su jefe de contratación y al ex director de deportes.

El fiscal les imputó inicialmente en calidad de coautores los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación en beneficio de terceros, cometidos en concurso, con dolo y en condiciones de mayor agravación.

Los tropiezos

El escrito de acusación fue radicado el primero de diciembre de 2017, pero se adicionó en marzo y abril de 2018 lo que ha interfirió en el desarrollo del juicio por las anomalías en el proceso de contratación y ejecución del contrato.

Sustentada la acusación, la audiencia preparatoria fue citada inicialmente para el 6 de marzo de 2018 pero fue reprogramada por expresa solicitud de la Fiscalía para el 4 de abril. Sin embargo, se aplazó para el 8 de agosto de ese mismo año. Ese día tampoco pudo realizarse la audiencia preparatoria. Entonces se volvió a programar para el 15 de febrero de 2019. Finalmente, se fijó para este 17 y 18 de septiembre.

A este panorama se suma el cambio de fiscal. El titular, Rodrigo Hernández, que documentó y preparó la imputación, renunció al cargo. Un nuevo fiscal, a pesar de la complejidad, se prepara para iniciar el juicio

Aunque el juez, Jorge Enrique Luna, anunció que no habrá más aplazamientos, algunos defensores contemplan la posibilidad de solicitar un nuevo aplazamiento.

El proceso es distinto a los que adelantan otras autoridades y diferente al proceso por homicidio culposo (ya archivado por indemnización) y el de lesiones culposas que tramita otro despacho judicial.

Sin embargo, la clave de esta investigación, está centrada en las anomalías en la etapa precontractual, en la contratación y ejecución del contrato original, modificado posteriormente sin ejecutar el reforzamiento estructural, objeto del contrato.

Licitación amarrada

La licitación, según la Fiscalía, desde el comienzo estuvo ‘amarrada’ para favorecer al único contratista.

Según la Fiscalía, la administración quebrantó el principio de transparencia, de naturaleza constitucional, al no garantizar una selección objetiva, ni permitir la participación de otros oferentes.

Por el contrario, los pliegos se ajustaron a las condiciones especiales del único contratista para beneficiarlo.

Según la Fiscalía, el ex alcalde cambió las condiciones  de experiencia específica (habilitante) y otros requisitos para beneficiar al consorcio Estadio 2015, el único proponente.

Entre otras, debía acreditar la ejecución de dos contratos con entidades públicas, cuyo objeto sea igual o similar (adecuación y remodelación de estadios de fútbol). Uno de ellos sobre reforzamiento estructural y que su valor sea por lo menos el 50% del presupuesto oficial.

Además, que el área intervenida en uno de los contratos sea igual o superior a 20.000 metros cuadrados y que la cantidad de acero o estructura metálica de refuerzo sea como mínimo sea igual a las cantidades contempladas en el proyecto (450 toneladas).

En la documentación solo apareció acreditada la experiencia específica con mayor puntaje la firma Clam Ingenieros  que aunque dirigida por el ingeniero Miguel Alejandro Lozano, no hace parte del consorcio Estadio 2014.

El objeto principal del contrato fue indebidamente modificado. Se incluyó una mayor cantidad de obra y se suprimieron otras que eran esenciales como el reforzamiento estructural. Pero no fue casual, según los investigadores.

El proyecto original y por lo tanto del contrato abarcaba todo el escenario deportivo. La repotenciación estructural era el objeto del contrato.  El proyecto inicial no incluía la demolición de la tribuna oriental ni la construcción de obra nueva.

El juez fijará la fecha para iniciar el juicio oral.

Nueva ruta

Las obras proyectadas en el costado oriental superaban las cantidades contratadas por lo cual el proyecto quedaría inconcluso. Por eso se cambió el proyecto y tomó otra ruta. La conclusión quedó plasmada en el acta el 30 de enero de 2015.

El presupuesto destinado inicialmente para la tribuna oriental se destinó para la tribuna occidental. En este caso, según la Fiscalía,  hubo una indebida modificación del presupuesto de mayores y menores cantidades de obra. La modificación del presupuesto inicial, según Pedro Suárez,  se realizó, por razones técnicas.

La otra tesis

Sin embargo, la Fiscalía tiene otra teoría del caso, que aspira a demostrar en el juicio oral próximo a comenzar. La realización del proyecto por etapas, era toda una estrategia

“No se trata de una conducta imprudente del Alcalde. Era toda una estrategia para defraudar al Estado”, argumentó el fiscal inicial del caso, Rodrigo Hernández.

En su criterio los servidores públicos tenían pleno conocimiento de la insuficiencia de recursos para terminar la obra y sin embargo, cambiaron el objeto central que incluía la readecuación y reforzamiento estructural para todo el estadio y lo convirtieron en un proyecto por etapas.

En estas condiciones, permitieron “la realización de una obra con graves fallas en la construcción debido a la improvisación y se soportó con un estudio de vulnerabilidad sísmica obsoleto lo que implicó un detrimento económico en cuantía de 24.470 millones de pesos”.

Testimonio clave

En forma separada, el exdirector de Deportes, Carlos Alberto Ramos Parrací admitió que realizó los estudios previos pero nunca aprobó la supresión del reforzamiento estructural.

Según Ramos Parrací, la polémica adición presupuestal de 7.684 millones de pesos que le correspondió girar a la actual administración fue aprobada a finales de 2015 finalizando el gobierno.

“La a adición presupuestal fue aprobada en una reunión en Coldeportes celebrada el 11 de diciembre de 2015. Ese día se definieron obras nuevas. Con esos recursos adicionales quedaría terminada la estructura y acabados de la tribuna occidental. Nunca se afirmó expresa o tácitamente que se suprimiera o eliminara el reforzamiento estructural”, precisó el ex funcionario en una declaración rendida ante la Contraloría.

“La decisión de no reforzar fue una decisión del consorcio constructor y del consorcio interventor y no implicó modificación del contrato”, insistió el ex director de Deportes, quien reveló que nunca ejerció como supervisor del polémico contrato. Antes de ser firmado, fue separado del proyecto.

Lo que resta

Según el concepto original, la remodelación del escenario deportivo costaba inicialmente 45.658 millones. La primera etapa contemplaba la adecuación y construcción de las tribunas oriental y occidental, adecuación de la cancha, camerinos, baterías sanitarias, sala de prensa y otros servicios.

El proyecto original fue modificado y se propuso ejecutarlo por fases. La primera, correspondiente a la tribuna occidental, objeto hoy de controversia, tenía un presupuesto de  28.884 millones de pesos que no pudo ejecutarse por la tragedia.

Lo más insólito, terminar esta primera etapa, según los primeros estimativos costaría 40 mil millones. Terminar las otras tribunas costaría otros 60 mil millones de pesos.

De entrada, para poner en operación la tribuna occidental, actualmente paralizada, costaría cien mil millones de pesos. ¿Valdrá la pena?

 

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