INVESTIGACIÓN

Aplazado juicio por cuestionada concesión de alumbrado público en Campoalegre

El interferido juicio oral por la irregular concesión del servicio de alumbrado, quedó aplazado hasta junio de 2020. La ex alcaldesa de Campoalegre y nuevamente candidata Neyla Triviño Rojas y cinco concejales implicados, siguen en campaña para revalidar la credencial.
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Aplazado juicio por cuestionada concesión de alumbrado público en Campoalegre
El Juez Tercero Penal del Circuito de Neiva, Jorge Enrique Luna reprogramó para junio de 2020 la continuidad del juicio oral por la congestión en el trámite de otros proceso.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

Increíble. La ex alcaldesa de Campoalegre Neyla Triviño Rojas y otros seis concejales, acusados formalmente por la cuestionada concesión del servicio de alumbrado público, podrán seguir tranquilos, en plena campaña política.

La audiencia del juicio oral pendiente desde febrero pasado, volvió a suspenderse. Por petición de sus abogados la diligencia se aplazó para el próximo año al no lograrse un acuerdo con la Fiscalía para aceptar como probados algunos de los hechos vertidos en la acusación.

“En este caso, no se logró un acuerdo frente a varias estipulaciones probatorias que se pretendían incorporar por parte de la Fiscalía”, aseguró uno de los defensores.

Argumentando que su agenda está copada por la congestión, el Juez Tercero Penal del Circuito de Neiva, Jorge Enrique Luna Corrales reprogramó la diligencia judicial para mediados de junio de 2020, en un proceso penal  que lleva cinco años  y cuatro meses desde que se formuló la acusación.

Después de múltiples aplazamientos, el juicio oral se reanudó el 16 de mayo de 2018 y se aplazó por seis meses más. La diligencia se programó para el 13 de noviembre de 2018 pero quedó nuevamente en suspenso. La diligencia fue reprogramada para febrero de 2019 para escuchar a los nuevos testigos. Ese día se instaló fue aplazada para ayer 25 de septiembre.

Para sorpresa, por un desacuerdo frente a los nuevos testigos, la diligencia se volvió a reprogramar para el 10 de junio de 2020, ocho meses después de las elecciones donde los implicados aspiran a confirmar sus credenciales.

La denuncia

La denuncia penal fue presentada el 12 de diciembre de 2012 por el veedor ciudadano Esaín Calderón  En su criterio, el proyecto se soportó en un estudio de conveniencia y no en un estudio financiero de fondo, como lo exige la normatividad.

El líder social estimó que para cumplir con la meta que proponía el Plan de Desarrollo (gestionar e instalar 200 luminarias nuevas y renovar 100), se requería que el municipio realizara una inversión que no superaba los 300 millones de pesos. Adicionalmente, a pesar de las deficiencias, dejaba ganancias.

La controversia

El 19 de junio de 2012 ocho de los 13 concejales autorizaron a la señora Triviño para entregar en concesión el servicio de alumbrado público durante 20 años, sin las proyecciones técnicas ni soportes financieros.

El Acuerdo 012 de 2012 facultó a la mandataria para comprometer vigencias futuras excepcionales a partir del año 2013 y hasta el año 2032, sin agotar todos los requisitos.

El acto administrativo contemplaba la administración, operación, mantenimiento, repotenciación, modernización y expansión del alumbrado público del municipio. Pero no reunía los soportes financiero ni los requisitos legales exigidos, según la Fiscalía.

El proyecto tampoco estaba inscrito y viabilizado en el Plan de Desarrollo ni contemplaba las inversiones previstas en el marco fiscal de mediano plazo, de obligatorio cumplimiento.

“Los concejales amparados en normas derogadas, facultaron a la ejecutiva para comprometer vigencias futuras excepcionales, más allá de su mandato”, afirmó la Fiscalía.

“El acuerdo, añadió, soslayó el marco normativo. No se acreditó la existencia de esta iniciativa debidamente inscrita y viabilizada en los bancos de proyectos. Sin embargo el secretario General de la época, aclaró ayer en la audiencia oral que el proyecto se apoyó en el Plan de Desarrollo anterior (2008-2011) ya que el nuevo 2012-2015  estaba en estudio.

La ex alcaldesa Neyla Triviño inscribió su nueva candidatura.

Los acusados

Por este caso fueron acusados en mayo de 2014 la  ex alcaldesa de Campoalegre, Neyla Triviño Rojas y ocho de los 13 concejales de la coalición mayoritaria  que autorizaron la cuestionada licitación.

La candidata fue acusada formalmente por la Fiscalía por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.

La ex mandataria se inscribió por segunda vez para la Alcaldía con el aval del Partido de la U y el partido Colombia Renaciente. La ex funcionaria compite con otros cinco candidatos: Libardo Carvajal del Partido Conservador; Frank Yul Fierro de Alianza Verde; Elizabeth Motta Álvarez del Partido Liberal y Álvaro Pérez del Centro Democrático.

Adicionalmente, el ex alcalde Antonio Gutiérrez, esposo de la señora Triviño, aspira a la Asamblea por el Partido de la U.

Curiosamente, en su programa de Gobierno “Cuenta conmigo” la candidata inscribió entre sus prioridades, en caso de resultar elegida “Proyectar un proceso de alumbrado público al 100% en los todos los sectores del municipio”.

En campaña

A pesar del proceso penal que se les adelanta, cinco de los ocho concejales formalmente acusados por las irregularidades en la contratación de ese servicio aspiran a la reelección el 27 de octubre próximo.

Entre ellos están en plena campaña Henry Castillo Casas avalado por el Partido Conservador; Henry Cuéllar Almario de Colombia Renaciente;  Lady Nelcy Lizcano Quintero de la Alianza Verde; Mercedes Ramírez Montenegro de Colombia Renaciente y Hernando Rodríguez Polanía del partido Mira.

El ex concejal Milton Gerardo Cortés Cuéllar, es actual candidato a la Asamblea por el Partido Liberal.  Ligia Esperanza Quintero Polo, declinó finalmente y no aspira a revalidar la credencial. El ex concejal Reinaldo Polanía Losada falleció el 23 de agosto de 2017.

Los concejales y candidatos fueron acusados por los delitos de prevaricato por acción, al proferir actos ilegales, en concurso con interés e indebida celebración de contratos. Aun así, seis de ellos aspiran a revalidar las credenciales, en abierta disputa con otros 143 candidatos inscritos para el Concejo de Campoalegre.

En la primera etapa, la ex tesorera Sandra Milena Burgos y el secretario General Ronald Polanía Perdomo, rindieron su versión sobre los hechos. Los dos funcionarios, explicaron las circunstancias en que se tramitó la concesión del servicio. La incorporación de nuevos testigos de ambas partes originó las dilaciones del proceso.

Cargos imputados

La Fiscalía Séptima Seccional de Neiva le imputó cargos  a la ex alcaldesa y actual candidata Neyla Triviño Rojas por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción, por adelantar durante su primera alcaldía un proceso de licitación para la concesión del alumbrado público sin los sustentos técnicos, financieros y sociales indispensables para comprometer vigencias futuras excepcionales.

Pero además, persistió en el proceso licitatorio a pesar de haber sido derogado  por el Tribunal Administrativo del Huila el Acuerdo 012 que le dio facultades para adelantar el proceso. El citado acuerdo fue anulado por el Tribunal el 26 de octubre de 2012.

No obstante, sin estar autorizada, la ex mandataria y actual candidata, suscribió el 31 de octubre de 2012 un contrato de prestación de servicios con el ingeniero electricista, Dorian Yury Arias para realizar el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público, necesario para adelantar el proceso licitatorio.

El contrato de “apoyo a la gestión” fue suscrito cinco días después de que el Tribunal Administrativo del Huila decretó la nulidad del citado acuerdo por contener vicios de ilegalidad. Curiosamente, antes de haberse aprobado el proyecto, ya estaban publicados los prepliegos de condiciones para adelantar el proceso de licitación.

“Sin ningún estudio financiero, el proyecto contemplaba la pignoración de las rentas por  alumbrado público durante dos décadas, ascendiendo a 8.100 millones de pesos”, sostuvo la Fiscalía al formular la acusación.

“La decisión se sustentó en un simple estudio de conveniencia (suscrito con Dorian Yury Arias Duque) y no como lo exige la ley en un análisis financiero de fondo”, insistió la Fiscalía.

En estas condiciones, la fiscal estimó la que la funcionaria es “probable autora” de los delitos de prevaricato por acción, al expedir actos ilegales, en concurso con celebración indebida de contratos. Además con la coparticipación de los secretarios de Hacienda, General, Planeación e Infraestructura y Asuntos Sociales y de la tesorera, Sandra Milena Burgos, quienes concurrieron el año pasado en su calidad de testigos.

Según el ente acusador,  los concejales incurrieron en el delito de prevaricato por acción por haber proferido el acuerdo 012 de 2012 autorizando vigencias futuras excepcionales sin cumplir con los requisitos legales. Pero además, sin que se encontrara inscrito y viabilizado en el Banco de Proyectos.

Los concejales insistieron en que el acto administrativo se tramitó con los soportes legales y las certificaciones que entregó la administración local. Entre otros se apoyaron en una certificación del plan del cuatrienio anterior 2008-2012, como lo reiteró el entonces Secretario General en las audiencias previas del juicio oral.

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