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Cuando por hacer más, se hace menos

Cuando por hacer más, se hace menos
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Cuando por hacer más, se hace menos
Sergio Felipe Salamanca Borrero

Sergio Felipe Salamanca Borrero

Desde el Ministerio de justicia y del Derecho se han anunciado importantes proyectos de reforma y de regulación, los cuales se encuentran encaminados al “mejoramiento” de la justicia en Colombia. En particular, los proyectos bandera de este Ministerio se enfocan en la implementación de cambios sustanciales en materia de consultorios jurídicos, así como la creación de la especialidad agraria y la reforma a la justicia arbitral colombiana, de la cual nos ocuparemos en la presente columna.

Como siempre, con el fin de procurar un adecuado acercamiento al proyecto de Ley No. 006 de 2009, mediante el cual se busca modificar la Ley 1563 de 2012 –Estatuto de arbitraje nacional e internacional-, se estima necesario hacer una breve referencia a la historia y al rol que el arbitraje ha desempeñado en Colombia. Para comenzar, desde el punto de vista histórico tanto el arbitraje como los demás Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos –MASC- ganaron relevancia mundial, por presentarse como una gran alternativa para la descongestión de la justicia, al permitir que las controversias pudieran ser solucionadas sin que fuera necesaria la presencia de un juez.

En palabras sencillas y poco técnicas, el arbitraje podría ser definido como un proceso, en el que las partes además de sustraer sus controversias del conocimiento de los jueces por voluntad propia, tienen un amplio margen de configuración, al poder elegir no sólo a los árbitros, sino también el número de estos. Aunado a lo anterior, el arbitraje también es famoso por ser más rápido que los procesos judiciales.

Pero no todo es color de rosa; acudir a un proceso arbitral puede ser costoso, lo que ha llevado a que en la práctica la inclusión del arbitraje en los contratos de pequeñas y medianas cuantías pueda responder más a una estrategia para desmotivar a la contraparte a iniciar un proceso, que a la de disponer de un mecanismo idóneo para la solución de conflictos. Es en este punto donde considero que el proyecto de ley sub examine resulta lesivo, al restringir el acceso al arbitraje social (el cual es un proceso arbitral gratuito llevado por los centros de arbitraje) a personas de estrato 1 y 2, cuyos activos no superen los 500 smlmv; teniendo en cuenta que la normatividad actual sólo limita el acceso a este tipo de proceso por cuestión de la cuantía.

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