INVESTIGACIÓN

Lo que dijo Pedro Suárez en la Contraloría

El ex alcalde de Neiva Pedro Hernán Suárez debatió por escrito sus razones para creer que la tribuna occidental, tal como fue finalmente diseñada puede ser funcional y reiteró que el colapso ocurrido en las graderías fue un accidente laboral. Resumen del debate probatorio.
1/3
Lo que dijo Pedro Suárez en la Contraloría
El ex alcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez replicó los cuestionamientos de la Contraloría que le imputó responsabilidad fiscal.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

 

La Contraloría General de la República concluyó que el colapso parcial de las graderías de la tribuna occidental no fue un caso fortuito provocado por un accidente laboral, como lo aseguran los contratistas, el interventor y respaldada por el ex alcalde Pedro Hernán Suárez.

La tragedia que dejó cuatro muertos y diez heridos, según la agencia fiscalizadora, no fue provocada por causas exógenas, sino por prácticas inadecuadas. El siniestro ocurrió por “una negligencia y descuido en el proceso constructivo” aseguró el ente de control al imputar responsabilidad fiscal.

Además, despejó las dudas sobre el origen de la última adición presupuestal que comprometió al alcalde Rodrigo Lara.

La posición está contenida en el debate probatorio iniciado en agosto de 2017. La CGR  precisó que Suárez Trujillo se no concurrió a la diligencia de versión libre y prefirió hacerlo por escrito donde expuso sus puntos de vista frente a la fallida remodelación.

 

Puntos claves

En principio, sostuvo que el proyecto cumplía todas las exigencias técnicas requeridas por el DNP y Coldeportes, pero además el aval del Ocad. Suárez cuestionó los informes técnicos y estimó que el proyecto debe revisarse para determinar si es o no funcional

No obstante, en un duro contrapunteo, la Contraloría justificó las razones para determinar la imputación.

Previo a abrir el proceso de licitación no se contaba aun con la licencia de construcción, trámite que se llevó a cabo durante la suspensión del proceso licitatorio en agosto de 2014.

Las modificaciones y adiciones en valor establecen que el consultor contratado para realizar los diseños no cumplió con la obligación de elaborar un presupuesto que incluyera todas las actividades necesarias para la materialización del proyecto y la programación de la ejecución de la obra.

 

La prueba reina

Aunado a lo anterior, el día 30 de enero de 2015, se suscribió el otrosí No. 01, entre Carlos Alberto Ramos Parrací, en su condición de Director de Deportes, delegado para suscribirlo y Miguel Alejandro Lozano Castañeda, en nombre y representación del consorcio Estadio 2014, donde acuerdan la modificación de las cantidades de obra inicialmente previstas y se adicionan ítems nuevos, conforme al replanteo de obra realizado por el contratista y la interventoría.

Según el informe técnico rendido dentro del trámite del proceso de responsabilidad fiscal bajo dicha modificación (esto es, el otrosí No. 01) ya no realizaría ninguna intervención de la tribuna oriental a pesar de haberse destinado una partida de 2.165 millones de pesos, destinados para otros aspectos. En el Comité Técnico de Obra No.17  realizado el 4 de junio de 2015 se plasmaron los argumentos para no realizar el reforzamiento previsto en el proyecto para la tribuna occidental y ordenado en la licencia de construcción.

Según la Contraloría, las modificaciones y adiciones generadas en todo el desarrollo del contrato de obra pública 1758 de 2014 y hasta que se presentó el colapso del 19 de agosto de 2016, tal y como se expuso en el acápite del daño de esta decisión, evidencian falta de planeación y de previsibilidad como parte importante del principio de planeación, el cual debe reflejarse en el contenido de los estudios previos, que como etapa preliminar de la contratación pública, constituyen la materialización de este principio.

 

Improvisación

Además, con las modificaciones y adiciones presentadas en el desarrollo del contrato de obra, se colige que el presupuesto inicial no era el suficiente para ejecutar la obra correspondiente al proyecto aprobado por el Ocad.

Durante la administración de Pedro Hernán Suárez se cambió a la mayoría del equipo de trabajo presentado en la propuesta. El 19 de enero de 2015 el contratista presentó a Óscar Mauricio Montoya como ingeniero residente, quien carecía del título de ingeniero reemplazando al arquitecto Alberto Tamayo presentado en la propuesta.

Montoya Marín, tomó decisiones importantes en cuanto a los  aspectos constructivos de la obra, según lo destacó la Contraloría.  Las anomalías solo se conocieron después que sucedió el colapso.

“Ahora bien, como alcalde de Neiva, tenía la función de “dirigir la acción administrativa del Municipio y asegurar el cumplimiento de las funciones; y a su vez ser ordenador del gasto y del presupuesto (…), en donde si bien es cierto, la ley faculta para delegar en sus funcionarios alguna funciones, especialmente aquellas relacionadas con los contratos públicos, no es menos cierto, que también está facultado para revocar y reasumir dichas funciones.

“En estas condiciones-dijo- no se observa que el señor Pedro Hernán Suarez haya reformado o revocado o reasumido la responsabilidad, para buscar el cumplimiento de los contratos”.

“Lo que lleva a establecer que no ejerció labor de vigilancia y seguimiento para evitar o corregir las irregularidades descritas en esta providencia, toda vez, que si bien la Constitución Política de Colombia lo autoriza para delegar, esta facultad no lo exime de responsabilidad al delegante.

Con las pruebas decretadas y recaudadas por la Contraloría, se procedió  a cuantificar y determinar el daño patrimonial, el cual no es distante de la cuantía estimada en el auto de apertura de esta causa fiscal.

 

Contrapunteo

Suárez Trujillo argumentó que, una vez iniciadas las obras en el estadio de fútbol, realizó varias visitas para inspeccionar en forma personal el avance de las obras y no encontró que existiera incumplimiento. “Dentro de las pruebas que obran en proceso, no se evidencia soporte de las visitas realizadas de forma personal sobre el avance de las obras”, respondió la Contraloría.

Suárez Trujillo aseguró que con las recomendaciones de la supervisión, la interventoría y el contratista de obra, y con la visita realizada por el Departamento Nacional de Planeación el 9 de noviembre de 2015, donde se advierte que el proyecto no cuenta con los recursos suficientes para su terminación, gestionó ante dependencias del orden nacional (en las cuales no se obtuvo financiación) y departamental, la consecución de recursos para dejar  funcional el escenario deportivo.

Entre estos figuran 3.450 millones de pesos ofrecidos por el gobernador Carlos Mauricio Iriarte y otros 4.234 millones de pesos provenientes de regalías directas. Estos recursos quedaron disponibles para que fueran ejecutados durante la siguiente administración.

Polémica adición

Sin embargo, la Contraloría despejó claramente las dudas que se presentaban con la polémica adición a la que Suárez y sus parientes pretenden responsabilizar  a su sucesor. “También es cierto que la administración del señor Lara Sánchez, suscribe el contrato adicional 03 del 19 de febrero de 2016 al contrato de obra pública No. 1758 de 2014, el como ya se expuso estaba sustentado en el acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra del 30 de diciembre de 2015, suscrita en la administración del señor Suárez Trujillo”, precisó la Contraloría.

Según Suárez Trujillo, afirmó que las observaciones se hicieron solo ante la ocurrencia del colapso,  en su criterio, registrado por un accidente laboral que se presentó el 19 de agosto del año 2016 y luego de haber transcurridos casi ocho meses de haber hecho dejación de su cargo.

Argumentó que la tragedia ocurrió durante la ejecución de obras que no fueron contratadas durante su administración y que hacen parte del adicional No. 3  firmado el 19 de febrero de 2016, en la administración de Rodrigo Lara Sánchez.

“En cuanto a este argumento no le asiste razón al presunto responsable, toda vez, que el daño aquí determinado y cuantificado cobija también a la administración del señor Pedro Hernán Suarez Trujillo, es decir, el daño no solamente esta respecto de los recursos correspondientes al adicional No. 03 del 19 de febrero de 2016, si no sobre los recursos del contrato de obra inicial”, replicó el ente de control.

Adicionalmente descartó que la tragedia se produjo por un accidente laboral como está consignado en reproche hecho a los contratistas y al equipo interventor. (Ver recuadro):

Óscar Mauricio Montoya, quien dirigió la obra sin tener las
competencias laborales.

¿Desacierto?

Pedro Suárez  estimó que el proyecto de remodelación merece un análisis detallado y con mayor rigor técnico, pues es necesario que se analicen opiniones de personal cualificado en ingeniería, para determinar si las conclusiones iniciales del órgano de control son o no acertadas.

“Conviene también revisar el concepto de la Contraloría, según el cual, las obras contratadas no son funcionales y por ello se eleva a presunto detrimento patrimonial todo el valor del contrato de obra y de interventoría”, argumentó.

En su criterio, este aspecto desconoce, de una parte, el uso de carácter público que le ha venido dado al escenario deportivo el Club Atlético Huila.

La Contraloría respondió que dentro del proceso decretó y practicó un Informe Técnico (del cual no se solicitó aclaración ni complementación por ninguno de los sujetos procesales, por lo que, se cumplió con todos los requisitos de validez para ser valorado por esta instancia), así como otras pruebas documentales recaudadas que respaldan la imputación de responsabilidad fiscal, entre ellos el peritaje técnico de la firma Sísmica previamente decretado, practicado y controvertido durante el procedimiento administrativo de declaratoria de caducidad por incumplimiento.

“Es claro que tanto el proceso de responsabilidad fiscal y el proceso sancionatorio son independiente el uno del otro, toda vez, que cada uno tiene unas finalidades y tramites diferentes, es por esta razón, que no le asiste razón al presunto responsable cuando indica que algunos aspectos no concuerdan con las conclusiones del auto de apertura de este proceso”, precisó la Contraloría.

“Por lo todo lo expuesto, se configura una gestión fiscal ineficiente e ineficaz, en cabeza del señor Pedro Hernán Suárez Trujillo, porque su conducta será calificada a título de culpa grave, por cuanto omitió su deber de controlar, vigilar y hacer seguimiento al proyecto adecuación, remodelación y reforzamiento estructural del estadio Guillermo Plazas”, concluyó la contralora Delegada.

La funcionaria le imputó responsabilidad fiscal, solidariamente, “toda vez que es indudable su participación y contribución con el daño al patrimonio del Estado, en cuantía de 10.324 millones de pesos”.

 

Las causas del siniestro

Los contratistas y la interventoría alegaron que el colapso en la gradería occidental antigua, “obedeció a un accidente laboral-caso fortuito cuando se construía la parte nueva”; lo que no guarda relación alguna con el objeto contractual pactado y las obligaciones derivadas de éste, pues como ya se ha anotado, el reforzamiento de esa tribuna no estaba incluido y menos para las graderías.

La tesis fue respaldada por el ex alcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez, quien aseguró que el desplome fue un accidente laboral.

Según los contratistas, “la nueva tribuna occidental, es totalmente independiente de la edificación antigua, lo que significa que los dos edificios se encuentran separados, y por esas características se evidencia lo que el colapso en la tribuna antigua, no afecta para nada, ni tiene incidencia alguna sobre la nueva tribuna occidental que prácticamente está en más de un 90% ejecutada.

No obstante, la CGR soportada en el peritaje técnico advirtió que el siniestro ocurrió por “una negligencia y descuido en el proceso constructivo llevado a cabo por los contratistas de obra, al aplicar las normas que regulan esta clase de procedimientos, toda vez, que se presentaron deficiencias en cuanto al armado y configuración de las cimbra o formaleta de construcción y negligencia respecto a los lugares o puntos donde se apoyaban las cimbras, procedimiento que no guardaba el rigor necesario exigido por la NSR- 10, es decir, que se presentaron irregularidades en el diseño e instalación de ésta”.

Igualmente precisó que las obras presentan deficiencias de calidad del producto ejecutado, deficiencias constructivas en la estructura y serias falencias en gerencia y administración de obra. “Además de la revisión documental realizada en el desarrollo de la visita especial por parte de ingeniero civil designado, se encontró suficiente evidencia para demostrar que el contratista de obra no tenía controles adecuados para el ejercicio de su quehacer diario dentro de la ejecución de las obras ni las herramientas gerenciales para optimizar los recursos y procesos del proyecto”.

Aunado al hecho que “no se encontró que se hubiesen realizado las obras de reforzamiento estructural en la estructura existente de la gradería, las cuales son totalmente indispensables para garantizar el comportamiento adecuado de la estructura ante sismos. El proyecto no puede darse al servicio hasta que se efectúen las obras de reforzamiento de la estructura existente.”

Finalmente la CGR afirmó que “la suspensión del contrato obedece a irregularidades en el proceso constructivo y no por la simple voluntad o capricho de la administración municipal, como lo pretende hacer ver el presunto responsable fiscal”.

Comentarios

Comenta con tú facebook


Powered by
Arriba